El Sindicato Avanza quiere expresar su firme rechazo a los ataques que están sufriendo las profesionales de la Educación Social asturiana y defiende la exigencia de la titulación universitaria para el ejercicio de su profesión en la Administración Autonómica.
La Ley de Función Pública del Principado de Asturias, en vigor desde el 25 de abril de 2023, estableció la creación del Cuerpo y Escala de Educadoras/es Sociales e introdujo, por primera vez, el requisito del Grado/Diplomatura en Educación Social como condición indispensable para acceder a las ofertas de empleo público en este ámbito.
Desde la creación del título universitario en 1991, la Educación Social ha experimentado una evolución significativa, consolidándose como una disciplina clave dentro de las políticas sociales tanto ministeriales, como autonómicas y locales. Es fundamental que las contrataciones y nombramientos de estos profesionales se realicen exclusivamente entre personas que posean la titulación específica, ya que esto garantiza la calidad del servicio público que prestan.
Las educadoras y los educadores sociales desempeñan un papel crucial en el sistema de protección a la infancia, en justicia juvenil, en atención a las personas con diversidad funcional, en prevención de la exclusión social, absentismo y acoso escolar, prevención e intervención en adicciones, prevención e intervención ante la violencia de género y muchísimas otras problemáticas que afectan a nuestra sociedad.
Ante esta realidad, resulta incomprensible que los comités de empresa de las Consejerías de Derechos Sociales y Bienestar, por un lado, y de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos por otro, cuestionen la necesidad de exigir una titulación específica para desarrollar estas funciones. ¿Acaso la mayoría sindical que se opone a este requisito permitiría el intrusismo en otras profesiones?
Queremos resaltar, además, que esta situación es exclusiva de nuestra Comunidad Autónoma. Los mismos sindicatos que aquí defienden la validez de cualquier titulación académica para velar por el bienestar social de la ciudadanía, exigen la exclusividad del Grado/Diplomatura en Educación Social en otras regiones, por no decir que tienen firmados convenios a nivel estatal para defender la implantación de la figura en todo el territorio nacional y que en Asturias están incumpliendo, lo cual nos resulta cuanto menos poco ético.
Esta incoherencia evidencia la necesidad de una postura clara y justa en defensa de la profesionalización del sector. Desde el Sindicato Avanza, reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los derechos de los profesionales de la Educación Social, con la mejora de la calidad de los servicios públicos y la necesidad de la ciudadanía a ser atendida por profesionales cualificados y no por personas que dicen poder ejercer por tener otras formaciones “afines” algo que es indefendible desde la ordenación académica, científica, profesional y sobre todo deontológica.
Desde Avanza instamos a las administraciones y a los agentes sociales a garantizar que el ejercicio de esta profesión se realice con el rigor y la formación que merece la ciudadanía tal y como ya se incluye en la nueva Ley de empleo Público del Principado de Asturias.
